El equipo de Rey Quiroga Fiscalistas ha realizado un análisis técnico sobre las recientes Sentencias 167/2026 y 640/2026 del Tribunal Supremo, que fijan doctrina en torno al requisito de la persona asalariada en el arrendamiento de inmuebles a efectos de IP y ISD.
Esta jurisprudencia supone un avance significativo al reconocer la unidad de medios y de actividad a nivel de grupo, acercando el criterio al del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, este cambio traslada la seguridad jurídica a un nuevo plano: la realidad económico-funcional y la correcta integración de las filiales. Accede al estudio en este enlace.